La modificación de la ley sobre seguros sociales permite la vigilancia de los asegurados por detectives contratados por las aseguradoras sociales. En opinión del Parlamento y del Gobierno, la medida es necesaria para combatir los abusos que se producen en este campo. Pero sus adversarios la consideran lesiva al Estado de derecho. Por esa razón han lanzado un referéndum que será sometido a votación el 25 de noviembre.

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Cada minuto en España una persona trata de defraudar a una compañía de seguros, según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). Defraudar al seguro no es cuestión de picardía, por mucho que algunos casos nos parezcan llamativos. Una estafa al seguro es un delito.

Los últimos datos demuestran que las aseguradoras ponen a disposición de sus investigadores cada vez más medios para detectar las estafas, recuperando 48,10 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude. Así lo recoge el informe El fraude al seguro español, realizado por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA) con la información remitida por 38 aseguradoras.Las pólizas de hogar, comercio, comunidades, pymes y responsabilidad civil abarcan un 29,4% de los intentos de estafa. Según este documento, los importes reclamados a las compañías participantes ascendieron el año pasado a 540 millones de euros, de los que finalmente resultaron procedentes 110 millones, un 20,3% de lo inicialmente reclamado.

Se dan situaciones en las que los asegurados actúan con conocimiento e intención de defraudar y otras en las que no son conscientes de que pudieran estar cometiendo un delito tipificado en el código penal, bajo justificaciones como “las aseguradoras ganan mucho dinero, no pasa nada si me beneficio en un poco”, “llevo pagando un seguro varios años y no he tenido ni un solo siniestro, así recupero mi dinero” o “voy a aprovechar este siniestro que he tenido para que me modernicen y reparen otros bienes con daños anteriores”. En el segundo caso, algunas compañías y mediadores intentan operar en el mercado de seguros sin tener una autorización oficial previa. En la página de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa aparecen recogidos los nombres de las entidades no autorizadas y que, por tanto, no pueden ejercer dicha actividad en nuestro país. Una de las tendencias más llamativas de los últimos años es el crecimiento de los intentos de fraude de pequeño importe. En 2017, un 38% de los casos detectados respondían a este perfil. En comparación, en 2011 eran solo el 29%.

Además, los datos de ICEA muestran cómo un 63,6% de los casos de fraude detectados se da en el seguro del automóvil. El predominio de este ramo se debe a su elevada presencia. Las pólizas de hogar, comercio, comunidades, pymes y responsabilidad civil abarcan otro 29,4% de los intentos de estafa. Otro 5,9% de los intentos de fraude se produce en los ramos de vida, accidentes y salud: los llamados seguros personales. El 1% restante corresponde a otras líneas de negocio.

El tipo de fraude que se intenta cometer también varía en función del seguro. En automóviles, por ejemplo, el intento de estafa más habitual son las reclamaciones desproporcionadas. En concreto, el año pasado esto ocurrió en un 38,5% de fraudes analizados. Entre las pólizas de diversos (categoría que engloba los seguros multirriesgos), lo más frecuente son los siniestros simulados (28,1%). Los intentos de estafa en seguros personales (vida, accidentes o salud) suelen conllevar la ocultación de lesiones o daños preexistentes en un 52,2% de los casos. En la categoría ‘Otros’ destacan las reclamaciones desproporcionadas (46,2%).

Las aseguradoras han definido nuevas herramientas para detectar y parar las prácticas fraudulentas. Herramientas de detección de anomalías, que se suman a la investigación que realizan las compañías y que ayudan a afinar y poner el foco en los defraudadores y no en clientes inocentes. Entre esas prácticas se encuentra el uso de la tecnología para descubrir el fraude electrónicamente. La clave de su funcionamiento son los motores de búsqueda, basados en supuestos habituales de fraude identificados por la experiencia (la reincidencia o la relación de parentesco entre implicados, por ejemplo).La inversión en investigación es rentable para las compañías aseguradoras. Los programas ofrecen desde filtros hasta análisis predictivos basados en la estadística. Los resultados son tan eficaces que corroboran que la inversión en este campo merece la pena para detener las estafas.

Fuente/leer más: https://www.lavanguardia.com/economia/20180827/451408745657/casos-sonados-estafas-seguro-espana-brl.html

El nuevo camino de la Investigación y la Criminología moderna ha llegado y está aquí para quedarse.

“Si ha cometido un crimen, le encontraré a través de un primo segundo”, advierte CeCe Moore, una de las genealogistas genéticas más experimentadas del mundo. Gracias a su trabajo, ha identificado al responsable de un asesinato cometido hace más de 20 años. CeCe Moore había sido contratada para vincular el ADN de una antigua escena de un crimen con un sospechoso. Así son los enigmas con los que trabaja: una mezcla de genética, registros censales y listas de amigos de Facebook. Continuar leyendo →

Hay cierto tipo de información que no deberías publicar en tus perfiles de las redes sociales. ¿Quieres saber cuál y por qué? Continuar leyendo →

• Siempre que el contenido solo haga referencia a las relaciones laborales.

• Es admisible como prueba en el orden social la grabación de una conversación entre una trabajadora y la letrada y apoderada de la empresa en un proceso de despido, si no afecta el contenido de la conversación a otra cosa que a las relaciones laborales, según establece el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una sentencia. El ponente, el magistrado Criado Fernández, determina que la conversación grabada no incluye “hechos propios del ámbito protegido por el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española (CE)”.

  Se refiere el magistrado a la sentencia del Tribunal Constitucional nº 114/1984, de 29 de noviembre, que señala que “no constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones, la conducta del interlocutor en la conversación que graba ésta”. Y añade que “no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje”.

  En la sentencia, de 28 de noviembre de 2017, se concluye que quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria a la Constitución. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables de acuerdo con el artículo 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal a través del artículo 18.1, garantía ésta que, a contrario, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo para preservar dicha intimidad.

  Y concluye señalando que “los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana”.

  El magistrado concluye, que la prueba de grabación hubo de ser admitida y practicada por el tribunal de instancia y conocerse la conversación mantenida.

• Fuente/leer más: http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9059425/04/18/La-grabacion-oculta-del-despido-sirve-como-prueba.html